El próximo año dará inicio al mandato del presidente electo Donald Trump, que apoya el bitcoin, y a un creciente esfuerzo de cabildeo en las legislaturas estatales que, en conjunto, podrían motivar a los estados a facilitar el uso de criptomonedas y a permitir que los fondos de pensiones y tesorerías públicas las adquieran.
Los partidarios de este activo tan inestable sostienen que sirve como una valiosa protección frente a la inflación, al igual que el oro.
Numerosos aficionados e inversores de bitcoin critican con rapidez las monedas respaldadas por el gobierno por ser susceptibles a la devaluación y afirman que un mayor soporte gubernamental estabilizará las futuras variaciones de precio del bitcoin, le otorgará más legitimidad y elevará aún más un precio ya creciente.
Sin embargo, los peligros son importantes. Los especialistas afirman que invertir en criptomonedas es muy arriesgado, con numerosas incertidumbres acerca de cómo anticipar sus rendimientos futuros, y advierten que los inversores deben estar listos para perder capital.
Únicamente unos pocos fondos públicos de pensiones han realizado inversiones en criptomonedas, y un reciente estudio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos sobre las inversiones en criptomonedas de los planes 401(k), difundido hace poco, alertaba sobre su “volatilidad extremadamente alta” y que no se había identificado un método estándar para predecir la rentabilidad futura de las criptomonedas.
Con Informacion de LA TIMES
