El mandatario argentino, Javier Milei, causó sorpresa con una controvertida iniciativa para bajar la edad mínima de imputabilidad penal a 10 años, reanimando la discusión sobre la responsabilidad penal de los jóvenes en la nación. La propuesta, que pretende cambiar el actual sistema de justicia juvenil, provocó un fuerte alboroto entre expertos, organizaciones de derechos humanos y ámbitos políticos.
En una entrevista reciente, Milei explicó que su propuesta de ley considera inicialmente disminuir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, aunque no desestimó la opción de rebajarla aún más, hasta los 10 años.
«Existen naciones en el planeta donde la edad mínima es de diez años», afirmó el líder, resaltando que su intención es ajustar la legislación argentina a normas internacionales más rigurosas.
En la actualidad, la legislación argentina determina que los individuos menores de 16 años no pueden ser sometidos a un juicio penal, y aquellos que tienen entre 16 y 18 años únicamente pueden ser procesados por delitos graves, comenzando a cumplir sus condenas en prisión a partir de los 18 años.
La iniciativa de Milei alteraría considerablemente este sistema, permitiendo que menores desde los 10 años enfrenten juicios penales.
El impulsor de esta normativa que sugiere Javier Milei para Argentina
El aviso se emite tras el trágico incidente de Kim Gómez, una pequeña de siete años que murió recientemente en Buenos Aires tras ser embestida por un auto robado por adolescentes. El asunto reavivó el debate acerca de la responsabilidad penal de los jóvenes y llevó a Milei a sugerir acciones más estrictas.
«Los menores no pueden usar su juventud como excusa para llevar a cabo delitos graves sin consecuencias reales», destacó el presidente, añadiendo que su propuesta incluye programas de rehabilitación y reinserción social para aquellos menores que violen la ley.
La propuesta de Milei generó un fuerte rechazo en organizaciones de derechos humanos y en expertos en justicia juvenil, quienes advierten que juzgar penalmente a niños tan pequeños podría vulnerar sus derechos fundamentales.
Según Unicef, las políticas penales deben priorizar el bienestar del menor y recurrir a la privación de libertad solo como último recurso.
Desde el ámbito político, las opiniones también están divididas. Mientras algunos sectores acompañan la iniciativa bajo la premisa de mejorar la seguridad pública, otros consideran que la medida es excesiva y podría derivar en la criminalización de la infancia.
El problema de la inseguridad no se resuelve encarcelando a niños, sino con políticas públicas que aborden las causas profundas del delito», expresó María Delia Borda, diputada opositora.
Con Información de el COLOMBIANO.
