La representante Karoline Leavitt interrogó a la jueza federal que anuló la directriz de eliminar el beneficio migratorio concedido a 530.000 individuos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y aseguró que el asunto se presentará ante una autoridad superior.
Este martes, a través de su vocera Karoline Leavitt, el Gobierno de Estados Unidos cuestionó la decisión judicial que anuló la orden del presidente Donald Trump para eliminar el programa migratorio denominado ‘parole humanitario’, que favorece a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Una jueza distrital desafiante está intentando frenar las acciones de deportación masiva del Gobierno. «Nos enfrentaremos en los tribunales», afirmó Leavitt al mencionar a la jueza del estado de Massachusetts, que fue designada para el puesto durante la presidencia de Barack Obama.
De acuerdo con la sentencia, las autorizaciones otorgadas bajo dicho programa deben seguir vigentes hasta el plazo de dos años concedido inicialmente a cada beneficiario, y no pueden ser revocadas de manera colectiva sin una evaluación individual.
“El Gobierno tiene que cumplir con el plazo permitido para cada beneficiario, tal como fue ratificado en el contexto del programa migratorio creado”, afirmó la jueza en su resolución.
Con Informacion de INFOBAE.
