Una organización de migración y una mujer solicitan la anulación del decreto presidencial que suprime este derecho automático para todos los nacidos en Estados Unidos.
En Nueva York, una venezolana embarazada de cinco meses, en colaboración con la Coalición de Inmigrantes de dicha ciudad, presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump por su orden ejecutiva que restringe la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes sin documentos y habitantes temporales. Este conflicto sostiene que la acción infringe la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
El jueves pasado, la Coalición de Inmigración de Nueva York junto a una venezolana de 31 años, en la actualidad con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y embarazada de cinco meses, presentaron a Trump en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. En concreto, pidieron que se declare inconstitucional la orden ejecutiva.
Según un informe de prensa de la entidad Latino Justice PRLDEF, que representa a los demandantes, la supresión de los derechos de ciudadanía para los hijos de padres sin documentos los situaría «en una condición de apatridia y los discriminaría por la ascendencia o nacionalidad de sus padres, lo cual viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución».
La venezolana, identificada en la demanda como J.V., arribó a Estados Unidos en 2023. Su TPS expira en abril de 2025. No obstante, su hijo estará presente en junio. Si se implementa la orden presidencial, este infante no tendría el derecho a ser ciudadano. Además, ya que en Estados Unidos no existe un consulado de Venezuela, J.V. tampoco podría inscribir a su hijo como ciudadano venezolano. Esto dejaría al infante sin ninguna nacionalidad.
Ciudadanía por nacimiento y las consecuencias para los descendientes de inmigrantes
La demanda alerta que, si se implementa la prohibición de la ciudadanía por derecho de nacimiento, obligará a los niños nacidos en Estados Unidos “a vivir en las sombras de la sociedad, sin los beneficios y oportunidades de la ciudadanía”.
Según los demandantes, las consecuencias serían:
Es posible que sea deportado al mantenerse en situación de apatridia.
Disminución de la identidad como ciudadanos de Estados Unidos.
Desbloqueo de documentos jurídicos fundamentales como pasaportes de Estados Unidos y tarjetas de seguro social.
La falta de cuidados médicos, nutrición y educación temprana para niños, son beneficios esenciales para su crecimiento y bienestar.
Lourdes Rosado, líder y asesora principal de LatinoJustice PRLDEF, expresó: “Incluso antes de asumir el cargo, el presidente ha creído erróneamente que tiene el poder absoluto para decidir quién puede ser ciudadano estadounidense”.
Por otro lado, sostuvo que la proclama del republicano “no solo es inconstitucional y cruel, sino también inmoral”. Y finalizó: “La definición de la ciudadanía está claramente establecida en nuestra Constitución y ha sido una cuestión de ley firme durante 127 años. No puede ser simplemente eliminada por un individuo, ni siquiera por el presidente”.
La potencial repercusión del decreto de Trump
Según los datos proporcionados por Latino Justice, se calcula que anualmente surgen aproximadamente 250 mil niños de padres sin documentos. Además, en Estados Unidos, la mayoría de los inmigrantes sin documentos son latinos (72%), lo que significa que “este grupo se vería afectado desproporcionadamente por la prohibición”.
Este conflicto se añade a las demandas presentadas por más de 20 estados y a las tres interrupciones del decreto dictadas por diferentes magistrados federales. Primero tuvo lugar en Seattle, luego en Maryland y finalmente en New Hampshire. En este momento, solo el Departamento de Justicia ha recurrido a la orden de bloqueo inicial. Adicionalmente, el decreto de Trump tiene una fecha de entrada en vigor establecida para el 19 de febrero.
Con la informacion de NoticiaAlDia.
