Huracanes, erupciones volcánicas y terremotos, entre otros, hacen que América Latina y El Caribe sean un hervidero de desastres. Si a ellos se le suman, además, otros factores se convierte en una «región multiamenaza”.
“La combinación de amenazas climáticas y geofísicas, sumada a crisis económicas y sociales, agrava los efectos de los desastres”, dice a DW Nahuel Arenas, jefe de la Oficina regional para América Latina y El Caribe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Catástrofes, que ha presentado, recientemente, el Informe de Evaluación sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe Regional (RAR24).
Según el reporte, sólo el 6% del dinero destinado a la gestión de desastres en la región se dedica a la prevención. En la actualidad hay muchos países en que la “gestión de desastres se percibe como un problema reactivo más que preventivo”, lamenta.
Así, según el informe, el 78% de los fondos se destina a la respuesta a los desastres y el 18% a mitigación. «Refleja una falta de planificación estratégica y de incentivos políticos para invertir en la reducción del riesgo”, critica el directivo, apuntando que deben diversificarse los recursos económicos para acciones de prevención, reducción de riesgos existentes y de respuesta y recuperación de los desastres.
“Debemos encontrar un equilibrio y avanzar en acciones preventivas, especialmente en la construcción de infraestructura nueva, que aún está en desarrollo en la región”, asegura Arenas.
Así lo confirma Juvenal Medina Rengifo, Presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes) en Perú, dónde “aún existen grandes brechas que cerrar en la reducción de la vulnerabilidad”.
“En la medida que crecen las poblaciones en Perú se generan inversiones en nuevas infraestructuras en las zonas periurbanas de las ciudades sin un adecuado ordenamiento para la planificación del desarrollo basado en el conocimiento y comprensión del riesgo”, lamenta en conversación con DW.
América Latina y El Caribe pierden anualmente más de 58.000 millones de dólares en infraestructuras por desastres y a ello hay que sumarle “las pérdidas indirectas en empleo, educación y salud”, advierte Arenas.
“En muchos de los casos se reincide en reinstalar las condiciones de vulnerabilidad preexistentes generando nuevos riesgos, traen consigo el inevitable incremento de la vulnerabilidad”, complementa Medina.
Múltiples dificultades y necesidad de un enfoque integral
La falta de herramientas y de participación de las comunidades locales, así como la fragmentación de políticas e instituciones son algunas de las dificultades.
“Un problema estructural es que muchos países ni siquiera etiquetan adecuadamente el gasto en la reducción del riesgo lo que dificulta la transparencia en la asignación de recursos”, lamenta el jefe de la Oficina Regional de la ONU.
Con Información de DW – US LATM.
