La presión aumenta al levantar los bloqueos de carreteras y exigir mejoras en la economía nacional.
Luis Arce, presidente de Bolivia, declaró que este viernes «grupos armados» se hicieron cargo de tres instalaciones militares en el Trópico de Cochabamba, donde se encuentra el líder indígena Evo Morales, considerado un bastión sindical y político en el centro del país, y lo descrito como un acto de «traición a la patria».
“Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que grupos armados afines a Evo Morales han tomado por asalto tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba, reteniendo como rehenes a militares y a sus familias, y amenazando sus vidas”, Arce publicó en la plataforma X.
El gobernante afirmó que la toma de una instalación militar “por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria” y una “afrenta” a la Constitución, las Fuerzas Armadas y “al propio pueblo boliviano, que rechaza de manera contundente los bloqueos criminales, así como estas acciones delincuenciales”.
Arce lamentó que los militares de estos regimientos estén siendo retenidos sin participar en operativos, solo resguardando sus unidades.
“Ellos (los agentes retenidos) son de origen popular, y muchos también tienen raíces indígenas originarias, como los policías a quienes estos grupos irregulares están disparando con armas letales y lanzando dinamitas”, indicado.
Después de que el gobierno levantó los bloqueos de carreteras que han sido realizados durante 19 días por sectores opuestos al gobierno de Arce, ocurrió la toma de los cuarteles.
La solicitud de incluye presión la demanda de finalizar los casos legales contra Evo Morales, para resolver la crisis económica y respaldar la postulación presidencial del líder del gobierno en las elecciones de 2025.
Arce también informó que la ocupación de unidades militares implica la toma de espacios, “donde se encuentra el armamento militar, lo que se constituye en un acto criminal absolutamente condenable que dista mucho de cualquier legítima reivindicación social del movimiento indígena originario campesino”.
“Estas acciones estrangulan económicamente al pueblo boliviano (…) buscando la ruptura del orden público legalmente constituido y de nuestra democracia, con el único objetivo de acortar nuestro mandato, imponer una candidatura inconstitucional y lograr impunidad en procesos judiciales”, señaló.
Afirmó además que, “como Gobierno democráticamente electo”, continuará actuando para “restablecer el orden público precautelando la vida de las bolivianas y bolivianos, la paz social, así como el derecho del pueblo al libre tránsito, al trabajo, al acceso a combustible, alimentos y medicamentos”.
Con la información de Ultimas Noticias.
