El jueves (11.09.2025), el Congreso de Perú desechó una denuncia constitucional que la Fiscalía había presentado el año pasado contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con las numerosas muertes ocurridas durante las protestas sociales a finales de 2022 y principios de 2023.
Las denuncias constitucionales son un proceso especial que se utiliza para los altos funcionarios del Estado peruano que tienen inmunidad, como el presidente, y necesitan la aprobación del Congreso para que la cámara sugiera acusar a la persona bajo investigación antes de proseguir con el proceso judicial.
La decisión fue adoptada por la Comisión Permanente del Congreso, que respaldó con 12 votos a favor y 10 en contra, un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que sugirió archivar la solicitud hecha por el entonces fiscal general interino, Juan Carlos Villena, al considerar que no hay evidencias suficientes para acusar a la presidenta.
«No hay pruebas concluyentes que demuestren que los acusados emplearon la estructura organizativa del Estado con el propósito de provocar muertes y lesiones», destacó el informe.
Con Información de NOTICIA AL MINUTO.
