La resolución impacta a más de 300,000 venezolanos que participan en el programa federal de Estatus de Protección Temporal (TPS).
Este lunes, la Corte Suprema de Justicia autorizó al gobierno de Trump a eliminar las protecciones legales especiales para miles de inmigrantes venezolanos.
El tribunal supremo aprobó una petición urgente presentada por el gobierno, lo que implica que las autoridades pueden continuar con la reversión de la decisión adoptada al final del mandato de Biden de ampliar las protecciones para más de 300,000 venezolanos bajo el programa federal de Estatus de Protección Temporal (TPS).
La corta instrucción indicó que la jueza progresista Ketanji Brown Jackson habría rechazado la petición. El juicio proseguirá ahora en cortes de menor jerarquía.
Debido a la inestabilidad política en Venezuela, el gobierno de Biden anunció en marzo de 2021 que los venezolanos podían calificar para el Estatus de Protección Temporal (TPS) a través del programa federal establecido en 1990 para ofrecer asistencia humanitaria a individuos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras calamidades.
El programa otorga a las personas aceptadas un estatus legal en Estados Unidos y les permite obtener un permiso de trabajo por un periodo de hasta 18 meses, con la posibilidad de extensiones.
El asunto tratado en la Corte Suprema fue una nominación hecha en octubre de 2023 y prorrogada en enero, justo antes de que Trump asumiera el puesto. Se espera que su vencimiento sea en octubre de 2026.
En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, buscó anular esas decisiones, lo que implica que las protecciones finalizarían este año.
Un juez del Distrito Norte de California detuvo la acción, argumentando que existía preocupación de que la resolución se fundamentara en parte en prejuicios raciales.
El Fiscal General, John Sauer, escribió en la solicitud de emergencia del gobierno que los tribunales no podían revisar la decisión de Noem.
«La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la policía migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional», declaró.
La Alianza Nacional del TPS y ciudadanos venezolanos impugnaron la medida en los tribunales.
Sus abogados escribieron que el gobierno de Trump, en esencia, buscaba evadir la revisión judicial sobre el alcance de sus propias facultades.
«No debería ser sorprendente que sean los tribunales federales quienes digan cuál es la ley», añadieron.
Con Informacion de TELEMUNDO.
