Una seria catástrofe ambiental dejó a cientos de hogares sin agua para consumo, poniendo en duda el modelo extractivo que privilegia los beneficios por encima de los derechos humanos y medioambientales en la provincia de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador.
La grieta en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), causada por un deslizamiento de tierra en la madrugada del 13 de marzo, provocó una situación de emergencia nunca antes vista en Esmeraldas.
El petróleo se propagó velozmente por el río Esmeraldas, deteriorando la fuente de agua esencial para miles de individuos y revelando las profundas inequidades que impactan principalmente a las comunidades afrodescendientes.
Petroecuador, la compañía estatal encargada del oleoducto, confirmó la interrupción del bombeo diaria de 360.000 barriles, a pesar de que el impacto real supera las pérdidas financieras. Alrededor de 800 familias, en su mayoría afroecuatorianas y negras, se encuentran con una grave falta de agua potable tras la orden del alcalde Vilko Villacís de interrumpir el abastecimiento desde el río contaminado.
«Estamos ante daños sin precedentes. La contaminación es imparable», alertó el alcalde mientras habitantes de El Vergel y comunidades vecinas reportan que el petróleo ha contaminado cultivos, pozos e incluso contenedores utilizados para recolectar agua pluvial.
La repercusión ecológica es devastadora para un ecosistema que une la Amazonía con el Pacífico. Los biólogos señalan que los hidrocarburos provocarán una asfixia en la vida acuática, envenenarán microorganismos vitales y contaminarán los terrenos por décadas. Para los pescadores locales, la situación es instantánea.
La situación de emergencia expone grietas históricas más profundas. El cantón Esmeraldas, con un 70 por ciento de sus habitantes afrodescendientes, sufre décadas de desamparo gubernamental, no posee sistemas de prevención de deslizamientos, infraestructura para el tratamiento del agua y dispone de hospitales saturados.
«El petróleo sale de estos territorios, pero aquí no hay escuelas dignas ni caminos», denuncian los líderes comunitarios de estas áreas. Activistas indican que esta vulnerabilidad no es accidental, sino el producto de un modelo que enfoca la explotación de recursos en áreas empobrecidas, ignorando sus necesidades fundamentales.
Las objeciones a la reacción del estado se incrementan mientras el Comité de Operaciones de Emergencia suministra agua a camiones cisterna y Petroecuador pone en marcha protocolos de mitigación. Instituciones como la Alianza por los Derechos Humanos de Esmeraldas señalan una reacción del gobierno pausada e ineficiente.
La desconfianza se justifica después de que tres derrames en el SOTE en 2020 ya habían contaminado la región y las promesas de reparación no se cumplieron.
El suceso reactiva la discusión nacional acerca del modelo extractivo. Ecuador, que es el cuarto productor de petróleo en América Latina, se apoya en los hidrocarburos para sufragar servicios públicos y la deuda externa. No obstante, este derrame agudiza la disputa entre el extractivismo y los derechos de la naturaleza, que han sido reconocidos constitucionalmente desde 2008.
En las riberas contaminadas del río Esmeraldas, las familias afrodescendientes, antes marginadas, ahora soportan el temor a enfermedades, la disminución de su supervivencia y un porvenir incierto sin agua pura. Este desastre pone de manifiesto que en Ecuador la justicia ambiental continúa siendo un privilegio, no un derecho global.
Con la información de teleSURtv.net.
