Caracas, 19 mayo (batalladeideas.com).- La localización de este complejo tecnológico fue el resultado de la «Operación Cazador», un plan de recolección de información e inteligencia implementado por dependencias militares y policiales.
Cuerpos de seguridad del estado Aragua desarticularon una instalación de minería ilegal de criptoactivos que funcionaba en Maracay con 4.000 dispositivos de Circuito Integrado de Aplicación Específica (ASIC).
El proceso se llevó a cabo siguiendo las pautas de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, comunicó la gobernadora de la región, Joana Sánchez.
Las instalaciones contenían principalmente equipos del modelo Whatsminer M30S de la firma MicroBT, respaldados por sistemas de enfriamiento industriales.
Las autoridades señalaron que la granja producía un consumo calculado de entre 8 y 10 megavatios (MW). Un hogar típico utiliza aproximadamente 2 kilovatios (kW) en condiciones habituales; así, 8 megavatios son equivalentes a cerca de 2.000 hogares con alto consumo.
La ubicación de este complejo tecnológico fue fruto de la «Operación Cazador», un esquema de recopilación de datos e inteligencia llevado a cabo por entidades militares y policiales.
El general de brigada y viceministro de Energía Eléctrica, Vianney Rojas, indicó que la instalación representaba un impacto significativo para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
«No solo por el consumo que generan (…), sino por la incidencia que estos dispositivos provocan en el sistema eléctrico que impacta los equipos de protección», precisó el funcionario.
Este trámite corresponde a la confirmación dada por el Ministerio de Energía Eléctrica, el 7 de mayo de 2026, por la cual se sostiene la prohibición total de la minería de Bitcoin en todo el país venezolano.
El Gobierno ha argumentado estas limitaciones debido a la sobrecarga del sector energético, que alcanzó un máximo histórico de demanda nacional de 15.579 MW, en un escenario donde el 35% de los hogares del país sufre interrupciones de electricidad diariamente.
En el marco de estas políticas de gestión, en áreas colindantes como el estado Carabobo se han establecido sistemas de incentivos de hasta 1.000 dólares por reportes ciudadanos sobre centros clandestinos.
GLOBOVISION/BDI
