Cúcuta-Colombia, 16 feb (batalladeideas.com).– La zona colombiana del Catatumbo enfrenta desde hace un mes la crisis humanitaria más grave que haya vivido el país, provocada por los conflictos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que impacta a cerca de 85.000 personas, incluyendo comunidades indígenas y migrantes venezolanos.
De este modo lo afirmó a EFE la encargada en Colombia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mireille Girard, quien indicó que, hasta el 14 de febrero, los perjudicados son 84.621 personas que en su mayoría han sido desplazadas debido a la violencia de los guerrilleros.
«La violencia en el Catatumbo ha ocasionado el desplazamiento masivo más grande desde que existen registros en Colombia.» «Existen comunidades y familias aisladas, con movilidad limitada y acceso restringido a alimentos, atención médica y asistencia humanitaria», destacó Girard.
Las estadísticas recopiladas por Acnur son preocupantes: 52.286 personas desplazadas, 19.000 con limitaciones de movilidad, 8.668 en confinamiento y 4.667 refugiados y migrantes de Venezuela.
Distintas autoridades mencionan que hay al menos 56 fallecidos debido a los combates que se intensificaron desde el 16 de enero en Catatumbo, área integrada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
El ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC luchan por el dominio territorial de esta región fronteriza con Venezuela, vital para el narcotráfico ya que es uno de los puntos del país con mayor producción de coca.
Los pequeños, otros afectados por el conflicto.
Según Girard, los conflictos armados colocan a las comunidades indígenas en una situación aún más desfavorable, como los yukpa, que son transfronterizos al habitar y desplazarse entre Colombia y Venezuela, y los barí, que son de Colombia.
A esto se añade que los niños, debido a la violencia, no pueden asistir a la escuela porque los «maestros tuvieron que escapar y los pequeños quedan desamparados, expuestos a vulneraciones, y posiblemente también a situaciones de violencia de género y reclutamiento forzado».
«Es una circunstancia sumamente alarmante para las comunidades de estas regiones, especialmente la repercusión en las personas indígenas y afro que se ven desproporcionadamente afectadas debido a que residen en áreas que son objeto de disputa por numerosos grupos armados», indicó la representante de ACNUR en Colombia.
Con Informacion de AGENCIA EFE
