La administración de Trump ha expulsado a cientos de inmigrantes y se niega a mostrar sus identidades o las pruebas en su contra, lo que ha provocado reclamos de las familias de los migrantes y de detractores que argumentan que el gobierno está infringiendo las libertades civiles.
El Gobierno sostiene que su apelación a una autoridad de guerra poco común para agilizar las deportaciones tiene como fin resguardar a los estadounidenses de la “extraordinaria amenaza” representada por los sospechosos de ser miembros de pandillas que el presidente ha catalogado como terroristas extranjeros.
No obstante, los representantes del Gobierno han ofrecido escasa información que permita a terceros examinar de forma independiente sus afirmaciones sobre decenas de inmigrantes deportados de EE.UU. el fin de semana anterior, quienes supuestamente están vinculados a grupos delictivos violentos o cuentan con extensos antecedentes penales.
En una declaración hecha ante un tribunal federal a inicios de esta semana, un representante de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) afirmó que los agentes “revisaron detenidamente” las conexiones a pandillas de cada uno de los 261 deportados y ofrecieron descripciones detalladas de los delitos por los que varios de ellos han sido arrestados o condenados tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Con Información de EL REGIONAL DEL ZULIA.
