La condena hacia la exmandataria no es definitiva, así que Fernández no puede ser arrestada ni inhabilitada para ocupar cargos públicos hasta que la Corte Suprema emita su fallo sobre su situación.
El tribunal penal más alto de Argentina confirmó una sentencia de primera instancia en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos debido a irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur).
Confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación»,
pronunció el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, al leer la sentencia este miércoles.
A casi dos años de la resolución que sentenció a la expresidenta por el delito de gestión fraudulenta en detrimento de la administración pública, los magistrados de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, confirmaron la condena del Tribunal Oral Federal (TOF) nº 2 en el caso conocido como «Vialidad».
Ese fallo consideró que la exmandataria fue responsable de beneficiario de forma arbitraria a un empresario local también condenado, Lázaro Báez, en la asignación de las obras viales que se realizaron durante sus dos gestiones en la provincia de Santa Cruz (sur).
En su decisión de este miércoles, el tribunal de apelación ordenó la incautación de los bienes relacionados con el delito, cuyo monto actualizado alcanza los 84.835 millones de pesos (83,2 millones de dólares), y ratificó la condena de seis años de prisión al empresario Lázaro Báez.
Simultáneamente, Casación confirmó la absolución de la expresidenta en relación al delito de asociación ilícita que solicitaban los fiscales intervinientes, Diego Luciano y Mario Villar, para elevar a 12 años de prisión la condena contra Fernández, de la cual fue exonerada por dos votos a uno. durante el juicio oral.
Durante el proceso «Vialidad», el TOF nº 2 cuestionó las 51 obras viales otorgadas en la provincia de Santa Cruz al empresario Báez, propietario de la empresa Austral Construcciones, en los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa. .
Tanto los letrados de Fernández como el MPF apelaron la decisión del TOF nº 2 dictada el 6 de diciembre de 2022.
Falta de imparcialidad
En una declaración en su defensa, Fernández criticó recientemente la falta de objetividad de los magistrados de Casación y la conexión que tienen los tres con el exmandatario conservador Mauricio Macri (2015-2019).
La exmandataria indicó que fue castigada por un crimen que no pudo haber cometido, «el de administración fraudulenta en obras viales aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada en su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso desde 2003 hasta 2015».
Fernández, quien también fue vicepresidenta entre 2019 y 2023, señaló que ningún jefe de gabinete había sido condenado, a pesar de ser los encargados de la ejecución del presupuesto y la gestión, y que el ministro al frente del área había sido exonerado durante el juicio. oral.
La decisión judicial en contra de la expresidenta no es definitiva, lo que significa que Fernández no puede ser arrestada ni inhabilitada para ejercer funciones públicas hasta que la Corte Suprema emita su fallo sobre su situación.
Con la información de Versión Final.
