Este viernes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concedió un significativo triunfo jurídico a la Administración Trump al limitar la habilidad de los tribunales federales para impedir las órdenes ejecutivas del presidente. Esta resolución se sitúa en un entorno donde Trump ha manifestado su insatisfacción con las «órdenes judiciales a nivel nacional» dictadas por varios tribunales, sobre todo en cuestiones migratorias, como las expulsiones de inmigrantes indocumentados y las deportaciones de quienes son considerados integrantes de grupos delictivos.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso indicó que del 20 de enero al 29 de abril, se dictaron 25 órdenes judiciales de carácter nacional sobre diferentes asuntos, desde financiamiento federal hasta temas de diversidad, equidad e inclusión, además de la ciudadanía por nacimiento. La resolución del Tribunal Supremo del viernes trata este último tema, que continúa siendo motivo de discusión.
La mayoría conservadora del tribunal, encabezada por la magistrada Amy Coney Barrett, determinó que si un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado de forma ilegal, no debe sobrepasar su autoridad. «Los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo», destacó Barrett, precisando que solo abordan casos dentro de la autoridad que les otorga el Congreso.
La resolución provocó desacuerdo entre los jueces progresistas del tribunal, incluida la jueza Sonia Sotomayor, quien manifestó que la decisión transforma a la Constitución en una «burla solemne» y culpó a la mayoría conservadora de someterse al presidente.
Con Informacion de DCN.
