En una firme reacción institucional, el Gobierno de Chile, mediante el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, comunicó un conjunto de acciones para fortalecer el control sobre la población carcelaria extranjera. Esto, después de la controvertida liberación del venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, asesino a sueldo asociado al Tren de Aragua, quien fue puesto en libertad el 10 de julio debido a un grave error de identificación y actualmente está en fuga, con una orden de captura internacional emitida por Interpol.
La Cámara de Diputadas y Diputados, a través de su Comisión de Seguridad Ciudadana, se reunió este lunes para discutir el caso. En la reunión estuvieron presentes el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el director nacional interino de Gendarmería, Rubén Pérez. El propósito: aclarar los errores del sistema que facilitaron la absolución del acusado por el homicidio del empresario José Felipe Reyes Ossa, apodado el “Rey de Meiggs”.
En su presentación, el fiscal Valencia comunicó una medida innovadora: la evaluación de todos los casos de individuos encarcelados, centrándose especialmente en los de nacionalidad extranjera, con el fin de asegurar que no haya registros duplicados, identidades fraudulentas o errores administrativos que comprometan la justicia.
“No podemos dejar que personas entren al sistema penitenciario con identidades falsas y luego consigan eludir la justicia”, destacó Valencia. «Si en este caso hubo un error, eso debe ser investigado, pero nuestra función es prevenir que se repita».
El fiscal nacional describió como «inciertos» varios aspectos del procedimiento que culminó con la liberación del supuesto sicario, y enfatizó que toda responsabilidad penal o administrativa será establecida por las investigaciones actuales.
Con Informacion de EL ARAGUEÑO.
