El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, extendió el estado de emergencia a diez provincias adicionales, incluyendo Carchi e Imbabura, como reacción al Paro Nacional encabezado por organizaciones sociales y pueblos indígenas.
Las manifestaciones, que tienen su núcleo en la provincia de Imbabura, son provocadas por el incremento del costo del diésel.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigió al Gobierno finalizar la represión y respetar la Constitución, mientras que el Ejecutivo, por medio de su representante Carolina Jaramillo, afirmo que no negociará la supresión del subsidio a los combustibles.
La postura del gobierno de no negociar ha estado acompañada de un uso de la fuerza. Se ha enviado un grupo militar a Imbabura para controlar las protestas y se ha propuesto un proyecto legislativo en la Asamblea para reforzar al ejército y la policía con beneficios fiscales y donaciones.
Requerimientos y solicitudes
Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, pidió el fin de la «represión aérea y terrestre sin precedentes», mientras que el exlíder indígena, Leonidas Iza, acusó la persecución política y la criminalización de las manifestaciones sociales.
Con Informacion de VENEZUELA NEWS.
