Buenos Aires, 12 feb (batalladeideas.com).- El gobierno argentino de Javier Milei optó por disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025. Esta acción significa que la administración de los programas vinculados a la vivienda, como el plan Casa Propia, que será trasladada a la Secretaría de Obras Públicas.
El Decreto 70/2025 sustenta esta modificación al argumentar que la gestión de la política de vivienda debería ser responsabilidad principalmente de los gobiernos locales y del sector privado. De acuerdo con el decreto, “la administración de la política de vivienda debe ser manejada esencialmente por las provincias, los municipios y el sector privado, disminuyendo de esta manera la intervención del Estado Nacional en este ámbito”.
La disolución de esta Secretaría se da en un entorno de descomposición de fondos fiduciarios fundamentales del sector, como el Procrear y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La Secretaría de Obras Públicas, actualmente responsable de coordinar estos proyectos, deberá llevar a cabo un levantamiento de terrenos disponibles y formalizar acuerdos con gobiernos provinciales y privados para traspasar las iniciativas de vivienda. Sin embargo, esta determinación podría llevar al despido de aproximadamente 500 trabajadores, según alertan los sindicatos.
La decisión es parte de la estrategia de Milei de disminuir la participación del Estado en la financiación de viviendas, sugiriendo que sean los bancos tanto privados como públicos los que asuman esta responsabilidad a través de préstamos personales. Esta posición ha suscitado inquietud, sobre todo en iniciativas como la reubicación de vecindarios en la Cuenca Matanza-Riachuelo, detenida el año anterior por la Corte Suprema.
En su primer año en el poder, el Gobierno de Milei ha detenido más de 100 mil obras públicas y cancelado más de mil 800 acuerdos, lo que ha impactado a más de 170 mil puestos de trabajo directos y 400 mil indirectos en la industria de la construcción.
La crisis habitacional se intensificó en Argentina, con un notable incremento de asentamientos precarios y dificultades crecientes para acceder a créditos y alquileres, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que ha dejado de recibir más de 220 mil millones de pesos en fondos federales.
