Los asistentes tributaron a la memoria de sus parientes y, además, garantizaron la preservación de su herencia, exigiendo simultáneamente acciones de reparación y equidad.
Organizaciones sociales, dirigentes comunitarios y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno (CAI), llevaron a cabo el martes una marcha desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta la Plaza de las Niñas, en honor al Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI).
En el transcurso de la marcha, los participantes tributaron a la memoria de sus parientes y también garantizaron la preservación de su herencia, al mismo tiempo que exigieron acciones de reparación y equidad.
Las dictaduras militares causaron la muerte de al menos 200.000 individuos y la desaparición de 45.000, a causa de las masacre en el país desde 1960 hasta 1996.
Los manifestantes criticaron la inacción del Gobierno de Bernardo Arévalo, que cuenta con el apoyo de las comunidades indígenas del altiplano, y que no ha proporcionado el suficiente respaldo a los sobrevivientes y sus familias.
Feliciana Macario, representante de Conavigua, expresó que “van más de cinco años sin que se entregue una sola medida de reparación a las víctimas del Conflicto Armado Interno”.
“Mientras tanto, se aprobó una ampliación presupuestaria para continuar pagando a los militares que participaron en los crímenes del pasado”, garantizó Macario.
Macario expresó: “el Gobierno gasta 41.000 000 al mes para indemnizar a los exmilitares, mientras que no existe un programa para atender a las víctimas del conflicto armado”.
La Plataforma Nacional solicitó al presidente Arévalo la aprobación de un convenio gubernamental para establecer el Plan Nacional de Dignificación y Reparación, así como los proyectos de búsqueda de individuos desaparecidos, así como de archivos y memoria histórica.
Además, es responsabilidad del Organismo Judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC) dictar las resoluciones de los casos Creompaz y Genocidio Ixil, donde los Tribunales rechazaron reconocer las masacres perpetradas contra la población civil durante la gestión de Romeo Lucas García.
También solicitaron que el Ministerio Público (MP) detenga la penalización de los líderes comunitarios, previa a las persecuciones que comenzaron en el periodo de las dictaduras y, finalmente, la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras.
Achi, Ixil y las abuelas de Sepur Zarco participaron en la marcha, junto con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Contigua), la Asociación de Familiares de Detenidos de Guatemala (Famdegua), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), Centinelas por la Dignificación del Estado, la Asociación Civil Verdad y Vida, y la Asociación Civil Verda
Con la información de teleSURtv.net.
