Tokio, 31 marzo (batalladeideas.com).- La Primera Ministro de Japón, Sanae Takaichi, comunicó un cambio en sus políticas migratorias al ofrecer un incentivo económico por las denuncias de inmigración irregular en el país.
De este modo, Takaichi ha restablecido el artículo 66 de la Ley de Control de la Inmigración, una disposición de 1951, que regula la entrada, estancia y salida de extranjeros y ciudadanos japoneses.
Así, la innovación ha sido establecer un costo por la inmigración ilegal: 50.000 yenes (300 euros) por cada denuncia que lleve a una deportación. Sin embargo, existen algunos criterios que se deben considerar.
Aunque parezca la historia de una película de ficción, es la verdad de los migrantes en Japón que ahora se han transformado en un impulso económico.
De esta manera, la Agencia de Servicios de Inmigración otorga 300 euros por cada denuncia que resulte en una orden formal de deportación.
Para prevenir que la situación se desbordara y se transformara en una especie de comercio, el Gobierno japonés optó por implementar filtros estrictos.
EL ARAGUEÑO/BDI
