Centenares de venezolanos expulsados de Estados Unidos a El Salvador bajo una ley de la guerra del siglo XVIII deben poder cuestionar sus detenciones, y el gobierno de Trump debe ayudar con los recursos legales, decidió un juez estadounidense el miércoles.
El juez federal estadounidense James Boasberg otorgó a la administración Trump una semana para explicar cómo permitiría la presentación de recursos legales por parte de los deportados.
Su decisión no ordenó de manera explícita a la administración Trump que repatrie a Estados Unidos a los cientos de migrantes venezolanos que están actualmente en una gran prisión en El Salvador.
En su decisión, Boasberg mencionó que las personas fueron expulsadas sin la debida notificación ni la oportunidad de apelar sus deportaciones.
“Ese procedimiento –que fue mal retenido– ahora debe ser concedido”, escribió Boasberg.
En marzo, los venezolanos fueron deportados tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por el presidente Donald Trump, un republicano, para expulsar con urgencia a supuestos integrantes de la pandilla Tren de Aragua omitiendo los procedimientos migratorios habituales.
La decisión de Boasberg del miércoles es la primera que trata el futuro de estos prisioneros.
Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia no respondieron de forma inmediata a las solicitudes de comentarios.
Los parientes de varios venezolanos deportados el 15 de marzo y sus abogados rechazan cualquier conexión con grupos delictivos y aseguran que no se les permitió defenderse de las acusaciones de la administración Trump en los juzgados.
Con Informacion de LA PATILLA.
