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La CIDH llevó a la Corte IDH un caso contra Ecuador por ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Redacción Batalladeideas
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Quito, 1 enero, (batalladeideas.com).- El expediente se refiere a la detención ilegal, tortura y muerte de tres personas bajo custodia policial, hechos ocurridos a inicios de los años 2000.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado ecuatoriano por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de tres individuos, eventos sucedidos durante un operativo policial a comienzos de los años 2000 y que, según el organismo regional, siguen caracterizados por la impunidad. El envío del expediente se llevó a cabo el 27 de octubre de 2025 y se comunicó de manera pública el 29 de diciembre del mismo año.

El caso, marcado con el número 13.167, surgió de una solicitud que recibió la CIDH en julio de 2004. Se informó sobre la detención de Pedro Baque Tuárez y de los hermanos Carlos Enrique y Pedro Jorge Jaramillo Mera, quienes fueron capturados bajo la justificación de ser considerados sospechosos de la muerte de un agente de la policía. Según la Comisión, mientras permanecieron en custodia estatal se registraron serias violaciones a los derechos humanos: los hermanos Jaramillo fueron asesinados de manera extrajudicial, en tanto que Pedro Baque fue víctima de torturas y recibió varios disparos.

De acuerdo al análisis profundo llevado a cabo por la CIDH, las víctimas no recibieron información sobre las causas de su detención ni fueron presentadas ante una autoridad competente, en desacato de las garantías fundamentales del debido proceso.

Asimismo, la indagación preliminar de los acontecimientos fue realizada por entidades relacionadas con los propios agentes encausados, lo que afectó gravemente su autonomía y objetividad. El organismo regional también observó que se pasaron por alto diligencias fundamentales, como la realización de autopsias y la identificación puntual del lugar de los hechos, lo que dificultó aclarar enteramente las responsabilidades penales.

INFOBAE/BDI

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