Brasilia, 19 feb (batalladeideas.com).- La Fiscalía General de Brasil dio a conocer este martes una acusación contra el expresidente Jair Bolsonaro por presunta conspiración para intentar perpetrar un golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, después de perder las elecciones de 2022, según informaron fuentes oficiales.
El dirigente de la derecha fue señalado por «encabezar» la conspiración golpista, en un escrito enviado por la Fiscalía al Tribunal Supremo donde también se acusó a otras 33 personas de su círculo.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que los 34 denunciados enfrentan cargos por «intento de derrocamiento violento del Estado Democrático de Derecho», «asociación ilícita armada» y «golpe de Estado», entre otros delitos.
El Supremo determinará en este momento si admite la querella presentada por el fiscal general, Paulo Gonet, y juzga al ex presidente (2019-2022) y a los otros acusados, que incluyen a altos mandos militares y ex ministros, por su presunta implicación en la conspiración golpista.
Gonet afirma que Bolsonaro y el exministro y general en retiro Walter Braga Netto eran los «dirigentes» de la conspiración.
«Ambos concordaron, incentivaron y ejecutaron acciones definidas en el código penal como atentados contra la integridad y autonomía de los poderes y del Estado de Derecho democrático», manifestó en la denuncia.
La acusación de la Fiscalía se fundamenta en una amplia indagación policial que verificó la existencia de una red que intentó conservar a Bolsonaro en el poder y obstaculizar la asunción de Lula, que finalmente se llevó a cabo el 1 de enero de 2023.
De acuerdo con la Policía Federal, en el complot golpista participaron Bolsonaro y otras 39 personas, incluyendo a Braga Netto, general retirado y exministro de la Presidencia y de Defensa durante el Gobierno de Bolsonaro. Braga Netto fue igualmente candidato a la vicepresidencia de Bolsonaro en el año 2022.
También se encuentran entre los investigados Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes integraron el gabinete del líder ultraderechista.
A lo largo de las investigaciones de los últimos dos años, la Policía halló esbozos de decretos para proclamar un «estado de sitio», invalidar el resultado de las elecciones de 2022 y controlar la Justicia Electoral.
De acuerdo a múltiples testigos, Bolsonaro llegó a examinar y alterar el documento que consumaría el golpe y tuvo «completo conocimiento» de un plan desarrollado por militares rebeldes para envenenar a Lula y a otras figuras de autoridad en Brasil.
El proyecto no se concretó, sin embargo, como último recurso, miles de extremistas de derecha asaltaron violentamente las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, el 8 de enero de 2023, con la finalidad de provocar la intervención de los militares.
Magistrados con una inclinación progresista.
Si la denuncia es aceptada, en principio, el caso se juzgará por la Primera Sala de la Corte Suprema, compuesta por magistrados de un perfil indudablemente progresista, liderados por el relator del proceso, Alexandre de Moraes.
Este juez ha sido blanco de amenazas y descalificaciones por parte del bolsonarismo desde 2022, cuando asumió la presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) en el proceso para las elecciones de ese año, donde el líder de extrema derecha fue vencido en las votaciones por Lula.
La Primera Sala es además dirigida por el juez Cristiano Zanin, quien fue propuesto para el Supremo por Lula en 2023 y hasta entonces se desempeñaba como abogado personal del líder progresista.
Los otros integrantes de la sala son Flávio Dino, quien hasta principios de 2024 fue ministro de Justicia en el Gobierno de Lula, y los jueces Luiz Fux y Carmen Lucia Antunes, también con un perfil progresista.
Otras indagaciones
Bolsonaro enfrenta también otras indagaciones en marcha en el ámbito penal.
La Policía también formuló acusaciones en su contra por la presunta malversación de costosas joyas que tendrían que haber sido agregadas al patrimonio del Estado y por engaño en los certificados de vacunación de la covid-19.
Con Informacion de AGENCIA EFE
