El Ministerio Público opina que hay pruebas suficientes para imputar a dos de los exabogados del expresidente y líder del Centro Democrático, al considerar que sus acciones no se enfocaron en el legítimo ejercicio de la defensa legal.
La Procuraduría General de la Nación adoptó una postura firme en el caso que involucra a Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz, quienes en el pasado estuvieron asociados al expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante la audiencia que se lleva a cabo por uno de los escándalos judiciales más complejos de los últimos años.
La representante del Ministerio Público no dudó en pedir al Juzgado Tercero de Conocimiento que emita una sentencia condenatoria, al considerar completamente demostrada la culpabilidad de los imputados en delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.
A diferencia de otras acciones institucionales en las que predomina un enfoque discreto o técnico, la intervención del Ministerio Público se distinguió por su naturaleza decisiva.
“Respaldamos la solicitud de condena presentada por la Fiscalía General de la Nación, al demostrarse sin lugar a dudas la comisión de los delitos”, manifestó con determinación la funcionaria ante el tribunal. Este apoyo se une al previamente manifestado por la entidad judicial, que desde el comienzo del procedimiento ha enfatizado que Cadena, en su rol de abogado, intentó modificar el desarrollo de los procesos judiciales a través de presiones a testigos que se encontraban privados de libertad.
Las imputaciones, además de ser serias, se enfocan en dos episodios específicos que la parte acusadora llamó eventos “Vélez” y “Monsalve”. Los dos capítulos presentan un enfoque metódico para alterar versiones judiciales con el fin de beneficiar al exmandatario Uribe, y afectar al senador Iván Cepeda.
Con Informacion de INFOBAE.
