Caracas, 2 enero, (batalladeideas.com).- El 1 de enero de 1976 comenzó a aplicarse la Ley que asigna al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.
Esta acción, denominada la “nacionalización” de la industria petrolera, entregó al Estado venezolano todos los bienes, instalaciones y equipos de las empresas extranjeras que operaban en el país, abarcando a grandes como Shell y Exxon, junto con activos de concesionarios nacionales.
La determinación, implementada durante el mandato de Carlos Andrés Pérez, fue anunciada como un «acto de soberanía nacional» y apodada por los medios como “la restitución de la riqueza petrolera”.
No obstante, la verdad sobre esta política es que fue una nacionalización «falsa», según lo afirmó el especialista en petróleo venezolano y fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Juan Pablo Pérez Alfonso, en entrevistas anteriores, quien destacó las restricciones y concesiones otorgadas a esas empresas transnacionales.
Entre los logros clave del proceso sobresalen:
El 29 de agosto de 1975, el Gobierno promulga la «Ley que Reserva al Estado la Industria de los Hidrocarburos».
Al día siguiente firma el decreto ejecutivo número 1.123 que establece la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
Esta legislación comenzó a aplicarse el 1 de enero de 1976.
Reconoció a las multinacionales compensaciones millonarias por los 8 años de trabajo que aún quedaban.
Además, concedió importantes contratos en el ámbito de la comercialización y tecnologías que garantizaban a las extintas concesionarias el dominio sobre la emergente industria nacional «nacionalizada».
Las 14 compañías extranjeras que antes operaban como concesionarias, pasaron a ser “filiales” de Pdvsa.
Creole se denominó Lagoven; Amoco, Amoven; Shell, Maraven; Phillips, Roqueven; Talon, Taloven; Mito Juan, Vistaven; Mene Grande Oil Company, Meneven; Las Mercedes, Guariven; Sun, Palmaven; Sinclair, Bariven; Mobil, Llanoven; Chevron, Boscanven; Texas, Delt.
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