Los especialistas en derecho proponen que si estas normativas son cuestionadas, es posible que se recurra a una sentencia de la Corte Suprema de 1982.
Las reformas jurídicas más recientes en Florida han intensificado las sanciones para el hurto menor, que para la mayoría de las personas podría conllevar a un año de cárcel y una multa de $1,000.
No obstante, para los inmigrantes en circunstancias irregulares, este mismo crimen puede resultar en hasta cinco años de cárcel y una multa de $5.000.
De acuerdo con Telemundo, estas acciones se aplican en un escenario en el que la gestión de Donald Trump ha intensificado la batalla contra la inmigración ilegal.
Por esta razón, se han implementado penalizaciones más rigurosas para aquellos que perpetran crímenes en el país sin autorización.
¿Cómo se modifica la reforma?
El gobernador Ron DeSantis afirmó que estas normativas tienen el objetivo de incrementar la seguridad en la nación y funcionar como referencia para otras entidades gubernamentales.
De acuerdo con el congresista estatal Lawrence McClure, el propósito es evitar la inmigración ilegal, subrayando que no se debe entrar a Florida sin autorización.
Sin embargo, los abogados por los derechos civiles han indicado que estas normativas podrían infringir la garantía constitucional de igualdad frente a la ley.
También se ha impactado la pena capital, dado que las recientes regulaciones aplican esta pena de forma automática a aquellos que perpetran crímenes de muerte en el país de manera ilegal.
Pese a que la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido que las condenas de muerte obligatoria son inconstitucionales, las normativas de Florida suprimen la autonomía judicial en determinados casos, lo que podría generar retos legales.
Asimismo, DeSantis ratificó una legislación que aumenta las sanciones para aquellos que incurren en crímenes graves tras ser deportados, intensificando la categorización de los delitos.
Delitos que se implementan
Estas modificaciones se aplican a todos los crímenes, incluyendo los de menores, para aquellos que se hallen en el país sin autorización.
Los especialistas en derecho proponen que si estas normativas son cuestionadas, es posible que se recurra a una sentencia de la Corte Suprema de 1982.
Esta normativa pone en duda la razón de tratar a las personas de forma distinta en función de su condición migratoria, lo que podría tener consecuencias importantes en la constitucionalidad de las nuevas leyes en Florida.
Con la informacion de 2001 Live.
