El Gobierno de los Estados Unidos dio un paso sin precedentes en su política exterior al imponer sanciones de gran alcance contra la Corte Penal Internacional (CPI) como institución.
La severa medida, anunciada formalmente por el Departamento de Estado este viernes, busca restringir al máximo los recursos económicos del tribunal internacional y paralizar de forma definitiva su capacidad operativa global.
A través de una declaración en vídeo, el secretario del Estado norteamericano, Marco Rubio, ratificó la postura de la Casa Blanca calificando al tribunal de organismo «ilegítimo» y «corrupto». «O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI», sentenció Rubio de forma tajante, al reiterar que Washington no reconocerá jamás que la soberanía de los ciudadanos, militares o líderes políticos estadounidenses esté sujeta a la jurisdicción de esta corte.
Bloqueo financiero masivo y ramificaciones técnicas.
Las disposiciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ordenan el congelamiento inmediato de todos los bienes, cuentas y derechos de propiedad de la CPI que se encuentren en territorio estadounidense o bajo el control de ciudadanos de ese país.
La magnitud del dictamen genera un impacto estructural sobre el funcionamiento informático e institucional de la corte radicada en los Países Bajos, dado que:
• Veto corporativo: Queda estrictamente prohibida que empresas de EE.UU. UU. bienes probados, financiamiento o servicios comerciales al tribunal.
• Afectación de software: El dictamen obliga a las tecnológicas estadounidenses a rescindir licencias esenciales de software corporativo y sistemas operativos.
Ante la inminencia de la medida, el personal del CPI inició una migración apresurada a plataformas de código abierto.
Emisión de licencias generales: Para evitar un colapso humanitario total e inmediato, el Tesoro autorizó exenciones temporales válidas hasta abril de 2027 destinadas exclusivamente al pago de salarios de empleados, coberturas médicas básicas y manutención de personas bajo custodia física del tribunal.
Un choque directo contra el orden jurídico internacional.
El despliegue de las sanciones generales ocurre pocas horas después de que el Comité Noruego otorgara el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, exmagistrada del propio CPI y líder de la comisión de la ONU que acusó formalmente a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aplaudió con firmeza las sanciones de la Casa Blanca, tildando al tribunal de «amenaza mortal para las democracias».
Por su parte, la presidenta del CPI, Tomoko Akane, repudió contundentemente el ataque financiero de Washington, describiéndolo como un asalto directo al Estado de derecho global y un burdo intento de coacción institucional.
El tribunal reafirmó de manera unánime que no detendrá sus mandatos de investigaciones vigentes, asegurando en un comunicado oficial que «la historia juzgará este momento».
Con Informacion de NOTICIA AL MINUTO.
