Quito, 19 mayo (batalladeideas.com).- El crecimiento de las organizaciones delictivas en Ecuador en 2026 no es un asunto únicamente policial, sino que también se ve fomentado por las dificultades económicas que atraviesa la nación.
Este año, por ejemplo, el porcentaje de los trabajadores que reciben ingresos menores al Salario Básico Unificado (SBU) o trabajan menos de la jornada legal aumentó al 34,8%.
Las últimas estadísticas divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidencian una paralización en el mercado laboral: el empleo formal solo beneficia a un tercio de la población económicamente activa, en tanto que la informalidad y el subempleo engullen a más del 55% de los trabajadores.
El Salario Básico Unificado (SBU) se sitúa en 482 dólares al mes, mientras que el precio de la canasta familiar básica oscila alrededor de $829. Esta disparidad genera un déficit de más de $340 al mes para una familia promedio, lo que requiere que se sumen varios ingresos dentro del hogar para poder afrontarlo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) de marzo de 2026, solo el 32,1% de la población económicamente activa (PEA) cuenta con empleo adecuado, lo que significa que trabaja jornada completa y recibe al menos el salario básico unificado.
En este contexto, las economías ilegales han dejado de funcionar en la periferia social para establecerse como un empleador de último recurso.
¿Estado no adecuado?
Según Diego Pérez, politólogo y profesor de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la crisis presente muestra una renuncia tácita del aparato estatal a sus funciones fundamentales de protección y bienestar.
Desafortunadamente, el Estado ecuatoriano ya no tiene la habilidad para establecer condiciones propicias para la creación de empleo. Esto se muestra claramente en estos datos de disminución de capacidades.
NOTICIAS LATAM/BDI
