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Presidenta Encargada Delcy Rodríguez solicita a la Asamblea Nacional reforma de leyes del sector inmobiliario.

Redacción Batalladeideas
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Caracas, 9 abril (batalladeideas.com).- 500 mil viviendas desocupadas mediante un nuevo marco legal que equilibre los derechos de propietarios y el cumplimiento de los deberes de los arrendatarios.

En un esfuerzo por facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la utilización del parque habitacional del país, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pidió oficialmente a la Asamblea Nacional (AN) que comience una reforma integral de las leyes que regulan el mercado inmobiliario venezolano.

La propuesta nace del examen de datos estadísticos que muestran una situación alarmante en el sector: se calcula que hay alrededor de quinientos mil inmuebles inactivos a nivel nacional que permanecen fuera del mercado de alquiler. El Gobierno aspira, mediante esta reforma, a establecer condiciones que fomenten la disponibilidad de estas propiedades para satisfacer la necesidad de vivienda de las familias venezolanas.

Durante su participación, la mandataria interina subrayó que la renovación del marco legal busca fundamentalmente crear una relación equitativa y clara entre arrendadores y arrendatarios. En este contexto, subrayó que, al igual que se salvaguarda el derecho a la vivienda, el Estado asegurará que se cumplan las obligaciones de los inquilinos, fomentando un ambiente de corresponsabilidad y respeto reciproco.

Esta modificación se enmarca en el programa de modernización del Estado y la revitalización económica. Al movilizar estos 500 mil bienes raíces desocupados, se anticipa no solo reducir la tensión en el sector vivienda, sino también activar actividades relacionadas de mantenimiento, servicios y gestión, lo que contribuirá al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Se anticipa que la Asamblea Nacional reciba las propuestas técnicas en los días siguientes para dar inicio al debate legislativo, garantizando la inclusión de los diferentes sectores implicados para alcanzar una ley consensuada que refuerce la seguridad jurídica en la nación.

YVKERADIOMUNDIAL/BDI

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