Nueva York, 19 feb (batalladeideas.com).- En Nueva York, una venezolana de cinco meses de gestación y la Coalición de Inmigración de la ciudad demandaron al presidente Donald Trump debido a su orden ejecutiva que impide la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes sin documentos y residentes temporales. Este proceso legal sostiene que la norma infringe la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.
La Coalición de Inmigración de Nueva York, junto a una inmigrante venezolana de 31 años, que posee Estatus de Protección Temporal (TPS) y está esperando un bebé de cinco meses, presentó el jueves pasado una demanda contra Trump en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. En concreto, pidieron la declaración de inconstitucionalidad de la orden ejecutiva.
Según un comunicado de Latino Justice PRLDEF, que representa a los demandantes, la supresión de los derechos de ciudadanía para los descendientes de padres indocumentados los dejaría «en una condición de apatridia y sería una forma de discriminación basada en la ascendencia o nacionalidad de sus progenitores, lo que viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución».
La inmigrante de Venezuela, identificada como J.V. en la demanda, arribó a Estados Unidos en 2023. Su TPS culmina en abril de 2025. No obstante, su hijo llegará al mundo en junio. Si la orden del presidente se implementa, este bebé no tendría el derecho a la ciudadanía. Asimismo, como no existe un consulado de Venezuela en Estados Unidos, J.V. tampoco podría inscribir a su hijo como ciudadano venezolano. Esto resultaría en que el niño no tuviera ninguna nacionalidad.
Ciudadanía por derecho de nacimiento y sus consecuencias para los hijos de inmigrantes.
La acción legal señala que, si se implementa la prohibición de la ciudadanía por nacimiento, obligará a los niños nacidos en Estados Unidos “a existir en la clandestinidad de la sociedad, sin los privilegios y posibilidades de la ciudadanía”.
Según los solicitantes, las consecuencias serían:
Peligro de ser deportado al estar en situación de apatridia.
Pérdida de la identidad como ciudadanos estadounidenses.
Restricción de acceso a documentos legales fundamentales, incluyendo pasaportes estadounidenses y tarjetas de seguro social.
Falta de acceso a atención médica, nutrición y educación infantil temprana, esenciales para su desarrollo y bienestar.
Lourdes Rosado, presidenta y asesora general de LatinoJustice PRLDEF, afirmó: “Aun antes de tomar posesión, el presidente ha pensado erróneamente que tiene la autoridad total para determinar quién puede ser ciudadano estadounidense”.
Mientras tanto, opinó que el decreto del republicano “no solo es inconstitucional y severo, sino también poco ético”. Y finalizó: “La definición de ciudadanía está claramente indicada en nuestra Constitución y ha sido un asunto legal sólido durante 127 años. «No puede ser borrada simplemente por una persona, ni siquiera por el presidente.»
El potencial efecto del decreto de Trump.
Según la información de Latino Justice, se calcula que anualmente nacen alrededor de 250 mil infantes de padres sin documentos. Asimismo, la mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es de origen latino (72%), por lo que “este grupo sufriría un impacto desmedido debido a la prohibición”.
Este conflicto legal se une a las acciones presentadas por más de 20 estados y a las tres paralizaciones del decreto por diversos jueces federales. La primera fue en Seattle, la segunda en Maryland y la tercera en New Hampshire. Por el momento, el Departamento de Justicia solamente apeló a la orden de bloqueo inicial. Además, el decreto de Trump tiene una fecha de vigencia programada a partir del 19 de febrero.
Con Informacion de COL SOMOS NOTICIA
