Los relatos de mujeres embarazadas que afirman haber experimentado abortos espontáneos, encadenamientos y negligencia médica mientras estaban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han vuelto a poner en el centro del debate la insuficiencia de medidas humanitarias en las políticas migratorias de Estados Unidos.
La queja, liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y grupos asociados, registra al menos seis incidentes recientes sucedidos en centros de detention en Luisiana y Georgia. Los informes enviados al Senado y al ICE detallan situaciones de hemorragias atendidas tardíamente, confinamientos en aislamiento, negativa a proporcionar vitaminas prenatales y procedimientos realizados sin consentimiento.
Una de las mujeres, conocida como Lucía, fue llevada a un hospital con las manos y los pies atados tras haber perdido mucha sangre. Otra, llamada Marie, estuvo tres días en aislamiento porque los agentes no creyeron que estaba en estado. Las dos mencionaron haber sido alimentadas con alimentos en mal estado y haber carecido de atención médica.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las afirmaciones, garantizando que las detenidas cuentan con atención médica y de emergencia disponible las 24 horas. No obstante, los defensores de derechos humanos argumentan que las políticas de “excepcionalidad” para la detención de mujeres embarazadas se violan de manera sistemática y que, después de que los informes al Congreso vencen, no hay transparencia acerca de cuántas mujeres se encuentran en dicha situación.
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