La Fiscalía pide 34 años de cárcel, un periodo de inhabilitación de tres años y seis meses y una compensación civil de cerca de 17 millones de dólares, para a quien se le considera un prisionero político a quien se le ha realizado un proceso judicial parcial e ilegal.
Este martes en Lima, Perú, comenzó un juicio oral contra el exmandatario Pedro Castillo, acusado de supuesta agresión a la nación. A pesar de haber sido elegido presidente por sufragio popular, ha sido objeto de boicot desde sus comienzos y ha sido perseguido por el Gobierno golpista encabezado por Dina Boluarte. Además, el líder está imputado por crímenes de insurrección, exceso de autoridad y grave alteración de la paz pública.
Walter Ayala, el abogado de Castillo, denunció que desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre del 2024, a Castillo se le ha impuesto un juicio injusto, además de ser privado de derechos judiciales fundamentales como el derecho a ver a su abogado defensor.
Su letrado sostuvo que los crímenes que se le imputan a Castillo no son pertinentes ya que el acusado no se levantó en armas, requisito crucial para declarar un delito de rebelión, de acuerdo con Ayala. A estas anomalías se añaden las campañas de desinformación impulsadas por el Gobierno auténticamente golpista de Boluarte.
Desde su detención en 2022 hasta el inicio del juicio oral, se aceptaron 65 evidencias documentales, además de las declaraciones de 69 testigos, además de las pericias forenses en contra de Pedro Castillo.
En estos crímenes, se les imputa la comisión del delito de insurrección contra funcionarios del estado, tales como Aníbal Torres y Betsi Chávez, a quienes se les solicita 25 años de prisión. Además, se han imputado a integrantes del departamento de la Policía Nacional.
Se trata de denuncias que Anahi Durand, ex Ministra de la Mujer durante el Gobierno de Pedro Castillo, hizo públicas en una entrevista con el periodista de teleSUR, Ramiro Angulo. Durand indicó que Pedro Castillo no ha tenido el derecho a declarar ni a pronunciar un alegato de defensa por el «crimen» de haber perturbado a las élites del país, a las que no buscaba seguir hurtando y administrando el dinero del país.
Respecto a las acusaciones que se le imputan, la exministra concordó con el letrado de Castillo: “El delito de rebelión no configura en este caso, el juez está forzando el juicio para darle 35 años de cárcel y dar un mensaje a Perú”, expresó Durand.
Asimismo, la exministra sostuvo que ha sido perseguido políticamente desde el comienzo del gobierno de Castillo, incluso el General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde el comienzo de su mandato, rechazó por completo reconocer a Pedro Castillo como su presidente.
Igualmente, sostuvo que las declaraciones de presidentes como Xiomara Castro y Andrés Manuel López Obrador han resultado muy beneficiosas y solicitó a la comunidad de Latinoamérica que continúe movilizando su voz en contra de la cárcel injusta que padece el exmandatario.
El 7 de diciembre del 2022, tras una serie de ceses y cambios de ministros, Pedro Castillo, presidente de Perú, anuncio el cierre del congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Esto fue visto por las autoridades judiciales de Perú como un golpe de estado y Castillo fue detenido de forma ilegal.
Cuando Boluarte tomó el mando, la población se alzó en apoyo a Pedro Castillo, resultando en la muerte de 47 individuos en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Castillo rechazó las acusaciones de la justicia en Perú.
Con la información de teleSURtv.net.
