Washington, 31 mayo, (batalladeideas.com).- Más de medio millón de migrantes que viven legalmente en Estados Unidos han pasado a estar en la cuerda floja después de que el Tribunal Supremo diera este viernes la razón a la Administración Trump para eliminar el programa parole humanitario.
El programa concedía a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), que huían de situaciones críticas en sus países, un permiso de residencia por razones humanitarias de hasta dos años. Gracias a él, cientos de miles de personas han ingresado legalmente, ocupado puestos de trabajo, matriculado a sus hijos en la escuela y contribuido a la comunidad.
Se emplean en fábricas, construcción, ocio y hotelería, atención médica, informática y otros campos. El cierre del programa los coloca en la lista de “deportables” y con su expulsión Estados Unidos perdería los 5.500 millones de dólares de actividad económica que generan cada año.
“Desmantelar los procesos del parole de CHNV a mitad de camino dañaría nuestra economía, socavaría las inversiones de los empleadores que contrataron a beneficiarios de CHNV confiando en las promesas del Gobierno y trastornaría las vidas de cientos de miles de familias, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses”, asegura el informe de la organización FWD US
El mercado de trabajo se resentiría de la falta de mano de obra, un problema sobre el que ya han estado advirtiendo economistas y empresarios desde que Trump anunció su deseo de deportar a los más de 13 millones de indocumentados del país.
Con base en datos de la Oficina del Censo, FWD US estima que, a 30 de septiembre de 2024, había 240.000 beneficiarios de CHNV activos en el mercado laboral. De ellos, 40.000 trabajan en manufactura; 30.000, en construcción; 30.000, en ocio y hostelería, y 30.000 en servicios de salud.
“Esta sentencia tendrá consecuencias devastadoras para cientos de miles de familias y afectará a nuestros lugares de trabajo, ya que las industrias pierden repentinamente a sus trabajadores”, señaló Murad Awawdeh, presidente y CEO de la New York Immigration Coalition, al conocer el fallo del Supremo contra el parole.
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