Fiscales de 22 estados presentaron acciones legales contra el gobierno de Trump. Aquí te revelaremos todos los pormenores.
Este lunes, fiscales generales de 22 estados presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump por disminuir los fondos destinados a la investigación médica y de salud pública en universidades a nivel nacional.
Los gobiernos sostienen que la investigación en el tratamiento y cura de enfermedades humanas “se detendrá” y los individuos perderán acceso a “la edición genética moderna, vacunas como las vacunas contra la gripe y curas para enfermedades como el cáncer, enfermedades infecciosas y adicción”.
En un comunicado, Andrea Campbel, fiscal general de Massachusetts, manifestó: “No permitiremos que el gobierno de Trump socave ilegalmente nuestra economía, limite nuestra competitividad o juegue a la política con nuestra salud pública”
Por otro lado, Peter Neronha, fiscal general de Rhode Island, donde se encuentran varias instituciones de investigación relevantes, entre las que se incluyen la Universidad de Brown y la Universidad de Rhode Island, sostuvo que el gobierno de Trump parecía “empeñado en desbaratar el progreso en este país”.
Nerhona manifestó en una declaración que esta disminución representaría una grave amenaza para el porvenir de esta investigación.
“Si alguna vez has deseado una cura, mejores opciones de tratamiento, para ti o un ser querido, esto debería sentirse personal”, afirmó.
Hasta ahora, solo los fiscales de Massachusetts (Boston) y Nueva Inglaterra (Rhode Island) han emitido sus declaraciones. No se ha revelado con precisión, hasta la fecha de redacción de esta nota, cuáles son los estados remanentes que presentaron demandas al gobierno de Trump.
La demanda inicial fue interpuesta en Massachusetts por una coalición de 18 estados, entre ellos Nueva Jersey, Nueva York y California, que sostiene que la orden ejecutiva de Trump infringe los derechos constitucionales de miles de niños.
Otro conjunto de cuatro estados -Arizona, Oregon, Illinois y Washington- interpusieron una reclamación de manera individual en Seattle.
La semana anterior, los NIH anunciaron que disminuirían los pagos de costos generales para las entidades de investigación que obtienen subvenciones, lo que podría resultar en grandes desigualdades presupuestarias para las universidades.
En la actualidad, ciertas instituciones educativas obtienen el 50% o más de una subvención para asignarlo a personal de apoyo y otras necesidades, aunque esto se reduciría al 15%, informó AP News.
Los estados desean que el juzgado declare ilegal dicha modificación de tarifas.
La solicitud describió el impacto que algunas instituciones de investigación podrían experimentar. Por ejemplo, la Universidad de Michigan sufriría un desembolso de $ 181 millones, impactando “425 estudios financiados por los NIH actualmente en curso, incluidos 161 estudios destinados a salvar vidas”.
Con la información de 2001 Live.
