El Gobierno colombiano tiene una deuda de 7,6 billones de pesos (alrededor de 1.800 millones de dólares) con las empresas que suministran energía eléctrica y gas natural, lo que ha generado un «riesgo sistémico» que podría influir en «la calidad de vida de los ciudadanos».
De este modo, este lunes la Contraloría (tribunal de cuentas) y la Procuraduría (Ministerio Público) alertaron, al indicar en un comunicado, que de la deuda total, 2,7 billones de pesos (aproximadamente 638 millones de dólares) están relacionados con subsidios de energía eléctrica.
Mientras tanto, 3,3 billones de pesos (aproximadamente 780 millones de dólares) corresponden a opción tarifaria, un mecanismo regulatorio que permite a las empresas de energía eléctrica suavizar los aumentos repentinos del precio del servicio a lo largo del tiempo, evitando que el costo impacte en las tarifas que abonan los consumidores.
Igualmente, en el comunicado se informa que hay una deuda de un billón de pesos (unos 237 millones de dólares) que corresponde a usuarios sujetos a tarifas reguladas y 628.000 millones de pesos (cerca de 149 millones de dólares) por subsidios de gas combustible.
«Resulta fundamental que el Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure la implementación puntual de las mejoras pendientes», afirmó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
La situación más grave la vive la compañía Air-e, que presta el servicio de energía eléctrica a 1,3 millones de usuarios en la región Caribe y está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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