Manila-Filipinas, 12 feb (batalladeideas.com).- El miércoles, investigadores del gobierno de Filipinas presentaron cargos penales, incluyendo sedición, contra la vicepresidenta Sara Duterte por su amenaza pública de ordenar la muerte del presidente si ella misma fuera asesinada durante una creciente crisis política.
El jefe de la Oficina Nacional de Investigación, Jaime Santiago, comentó en una rueda de prensa que las acusaciones de incitación a la sedición y amenazas graves contra Duterte fueron entregadas al Departamento de Justicia, que determinará si rechazar las acusaciones de inmediato o enviarlas a los tribunales.
La vicepresidenta, abogada e hija del exmandatario Rodrigo Duterte, respondió de manera breve expresando su expectativa ante la reacción de la oficina de investigación. Ha denunciado a sus competidores políticos de implementar acciones para impedir que se presente a la presidencia al finalizar el mandato del presidente Ferdinand Marcos Jr. en 2028.
El padre de la vicepresidenta, cuyo periodo presidencial concluyó en 2022, tiene problemas legales. La Corte Penal Internacional ha estado analizando los asesinatos masivos en el marco de una violenta campaña antidrogas que él dirigió durante su mandato, como un posible delito de lesa humanidad.
Sara Duterte se presentó como compañera de fórmula de Marcos para la vicegobernatura en 2022. No obstante, su veloz alianza política se erosionó rápidamente y se convirtió en una amarga contienda en una democracia asiática que ha estado estancada por las luchas entre clanes políticos durante mucho tiempo.
La semana anterior, la vicepresidenta enfrentó un juicio político por parte de la Cámara de Representantes debido a varias acusaciones, que incluían su supuesta amenaza de ordenar el asesinato de Marcos, de su cónyuge y del presidente de la Cámara, Martin Romualdez, en caso de que ella misma fuera asesinada en un complot no detallado que mencionó en una rueda de prensa virtual en noviembre.
La acusación del juicio político, que fue respaldada por la mayoría de los más de 300 integrantes de la Cámara, controlada por partidarios de Marcos, también contenía acusaciones de corrupción a gran escala y desvío de los fondos reservados de su oficina. El Senado, formado por 24 integrantes, planea discutir la acusación de juicio político una vez que el Congreso se reanude en junio.
La vicepresidenta ha desmentido de manera imprecisa que sus declaraciones representaran una amenaza hacia Marcos, su esposa y Romualdez, primo del presidente; sin embargo, sus afirmaciones generaron una inquietud de seguridad nacional en ese instante e investigaciones, incluso por parte de la Oficina Nacional de Investigación.
La vicepresidenta afirmó en una rueda de prensa la semana pasada que sus abogados se encontraban organizando una lucha legal para su próximo juicio político, pero se negó a comentar si la renuncia era una alternativa para evitar una posible condena que le dificultara presentarse a la presidencia más adelante.
Con Informacion de INDEPENDENT EN ESPAÑOL
