El integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó que una propuesta apunta a la creación de la «Ley de Consensos Laborales y Sociales» que permita aplicar soluciones temporales y adaptadas a las capacidades financieras de cada sector.
Jorge Roig, integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseveró que está «muy optimista» por la posibilidad de que se logren acuerdos laborales respaldados por todas las partes que integran el diálogo social: Gobierno, sector empresarial y trabajadores.
También destacó que actualmente el Estado venezolano tiene imposibilidad para asumir incrementos salariales en la nómina pública y resaltó que trabajadores, empleadores y Gobierno coinciden en la urgencia de transformar el actual esquema laboral del país.
Roig detalló que el Ejecutivo enfrenta limitaciones para elevar los sueldos de una nómina que abarca a unos ocho millones de personas, entre empleados públicos, jubilados y pensionados y agregó que esto evidencia las fallas de un modelo que ya no responde a la dinámica económica actual.
«Estamos todos de acuerdo en que el sistema laboral actual no está funcionando, ni le da mayor ingreso a los trabajadores, ni le da seguridad ni certidumbre a los empleadores», afirmó.
Los bonos como paliativo
Ante la incapacidad estatal de sostener salarios acordes a la inflación y el peso de los pasivos laborales, el ingreso de los trabajadores se ha volcado mayoritariamente hacia un esquema de bonificaciones. Para Roig, aunque no representa la solución ideal, este mecanismo ha permitido mitigar la pérdida del poder adquisitivo sin colapsar las cuentas públicas ni la viabilidad de las empresas.
«Yo no satanizaría los bonos, tampoco los bendigo. Han sido la única solución para que el trabajador hoy tenga un poquito más de dinero en el bolsillo», sostuvo al señalar que estas asignaciones han funcionado como una respuesta a las trabas del sistema vigente.
No obstante, el dirigente enfatizó que la meta final debe ser la recuperación progresiva del salario real como la fuente principal de ingresos, lo que requerirá una revisión profunda del cálculo de las prestaciones sociales y los pasivos acumulados.
A pesar de las complejas condiciones políticas que dificultan una reforma integral a la Ley Orgánica del Trabajo, las tres partes del diálogo social evalúan alternativas intermedias. La propuesta apunta a la creación de una «Ley de Consensos Laborales y Sociales» que permita aplicar soluciones temporales y adaptadas a las capacidades financieras de cada sector.
Roig resaltó la disposición del Gobierno, la empresa privada y los sindicatos para destrabar el estancamiento laboral. «Los tres sectores sociales vamos a estar de acuerdo para construir, momentáneamente, temporalmente y a lo mejor opcionalmente, una alternativa para el trabajador»
Con Informacion de BANCA Y NEGOCIOS.
