Washington, 22 mayo, (batalladeideas.com).- Un juez federal detiene la iniciativa de Trump para disolver el Departamento de Educación. Un magistrado federal impidió la orden del exmandatario Donald Trump que pretendía desmantelar el Departamento de Educación y despedir a su personal. La decisión fue cancelada el jueves por el juez Myong Joun, del distrito federal de Boston.
La administración Trump había instruido disminuir en un 50% la plantilla y comenzar el cierre total de la entidad. En marzo, la secretaria de Educación, Linda McMahon, recibió la orden de “eliminar” la cartera “de manera definitiva”.
No obstante, la acción necesitaba la autorización del Congreso, lo que no sucedió. Estados y gremios de maestros presentaron demandas por infracción de la separación de poderes.
El juez falló a favor de los demandantes y mandó la restitución inmediata de los empleados cesanteados. Asimismo, detuvo el traspaso de responsabilidades fuera del Departamento.
Joun señaló que el Departamento se estaba quedando sin contenido sin justificación legal. “No podemos ignorar la destrucción del organismo”, afirmó.
A pesar de que la educación en Estados Unidos es descentralizada y administrada por las autoridades estatales y locales, el Departamento de Educación desempeña una función fundamental. Principalmente, asigna recursos federales a instituciones educativas públicas, particularmente en áreas desfavorecidas que necesitan financiamiento.
Por esa razón, la extinción del organismo tendría impactos desiguales, perjudicando más a las comunidades con menos recursos.
La eliminación del Departamento necesitaría una ley que sea aprobada en el Senado con al menos 60 votos. En la actualidad, los republicanos cuentan con solo 53 asientos, lo que dificulta su aprobación sin respaldo demócrata.
La decisión judicial representa un obstáculo significativo para la estrategia de desregulación del exmandatario, que pretendía disminuir la magnitud del gobierno federal.
Asimismo, fortalece las fronteras del poder presidencial en cuanto a reestructuración administrativa.
La resolución fue aclamada por profesores y defensores de la enseñanza pública como un triunfo para la estabilidad institucional.
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