Una jueza federal decidió el lunes que la administración de Trump no podía finalizar de manera definitiva a finales de este mes las protecciones vigentes contra la deportación para inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses bajo un programa de asistencia humanitaria.
Este es el más reciente contratiempo judicial en los intentos del presidente Donald Trump por llevar a cabo de manera acelerada transformaciones drásticas en el sistema migratorio.
La jueza federal de distrito Indira Talwani afirmó que el Gobierno no se ajustó a los límites regulatorios establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo al intentar reducir drásticamente el plazo de dos años para concluir el programa.
«No resulta de interés para el público declarar de manera apresurada que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, lo que les impide trabajar legalmente en sus comunidades y sostenerse a sí mismos y a sus familias.»
Estas protecciones usualmente deben conservarse hasta su fecha de expiración, comentó Talwani, fecha que empezó a contar con la resolución de octubre de 2024 del Gobierno de Biden sobre que el gobierno federal no volvería a ofrecer el parole humanitario a los migrantes en ese programa una vez que concluyera el período de dos años de los beneficios, que abarca la autorización laboral.
La jueza indicó que su orden se extiende a cualquier intento de concluir de manera prematura las protecciones de forma colectiva y sin un análisis individualizado.
La solicitud fue hecha por inmigrantes en libertad condicional y sus patrocinadores en Estados Unidos, quienes señalaron que la interrupción repentina del programa provocaría serios perjuicios a miles de individuos en libertad condicional.
Con Informacion de CNN.
