Trump interrumpió los fondos destinados al Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos.
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB) ha interpuesto una demanda judicial en contra de la resolución ejecutiva del presidente Donald Trump de interrumpir el financiamiento de los programas de asistencia a los refugiados. Esta acción es «ilegal y perjudicial para los refugiados recién llegados» y demandan su anulación.
La propuesta jurídica nace tras la misiva del Papa Francisco a los obispos de Estados Unidos, exhortando a la Iglesia Católica y a la sociedad en su conjunto a evitar la discriminación y a brindar asistencia a los migrantes y refugiados. En su misiva, el sumo pontífice alertó que la detención de individuos que escapan de la pobreza, la inseguridad, la explotación, la persecución o la degradación del medio ambiente perjudica seriamente su dignidad y los sitúa en un estado de vulnerabilidad e inseguridad.
En su recurso jurídico, los obispos describen la elección de Trump como «una acción arbitraria y caprichosa» que «viola múltiples estatutos» que «viola múltiples estatutos» y «socava la separación de poderes de la Constitución». Además, demandan al Gobierno que sostenga sus «obligaciones legales y morales» con los refugiados a través de la recuperación de los fondos requeridos para que las entidades religiosas y comunitarias puedan proseguir con sus labores.
El 20 de enero pasado, el presidente Trump interrumpió la financiación del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP), justificando la necesidad de evaluar si la reintegración de refugiados es «de interés nacional». El USRAP, establecido en 1980, comprende a diez entidades nacionales, entre ellas la USCCB, que ejercen como representantes legales a los refugiados y promueven su permanencia en la nación. La interrupción del financiamiento impacta de manera directa a estas agencias y su habilidad para proporcionar ayuda a los refugiados.
En su petición, los obispos católicos enfatizan que «un auténtico Estado de derecho se da en el trato digno que merecen todas las personas, especialmente las más pobres y marginadas». Para casi medio siglo, la Iglesia Católica ha trabajado en conjunto con el Departamento de Estado para asistir a casi medio millón de individuos a hallar seguridad y edificar sus vidas en Estados Unidos.
Entre los servicios que ofrece el programa se incluyen la asistencia a los recién llegados por un periodo mínimo de noventa días, satisfaciendo necesidades iniciales como el alojamiento, la inscripción a la escuela y el aprendizaje del inglés. La querella indica que el Gobierno había asignado cerca de 65 millones de dólares en financiación federal a la Conferencia Episcopal, sin embargo, este aporte fue anulado «sin previo aviso» y «con una carta superficial de dos páginas», lo que ha tenido consecuencias «devastadoras» para los migrantes.
El presidente del Episcopado, el arzobispo Timothy Broglio, manifestó su inquietud por la imposibilidad de la conferencia de sostener su labor sin el apoyo del gobierno. Chieko Noguchi, representante de la UCCB, enfatizó que el acuerdo de Trump conlleva la interrupción de la asistencia a los refugiados que han administrado durante décadas, y recordó que los refugiados han sido sometidos a estrictos procesos de selección por el gobierno de Estados Unidos.
Con la información de teleSURtv.net.
