Gaza, 28 noviembre, (batalladeidas.com).- ONU señala posibles casos de tortura y castigo colectivo en Gaza. La acusación de la ONU sobre Gaza cobró nueva relevancia este viernes. El Comité contra la Tortura emitió un informe desfavorable sobre Israel. Indicó posibles delitos graves contra civiles palestinos. Señaló que la falta prolongada de alimentos y asistencia podría ser vista como tortura.
El comité declaró que hubo abuso en gran escala. Asimismo, se refirió a agresiones en contra de instalaciones vitales. El informe de la ONU sobre Gaza destaca que los bombardeos impactaron a la población civil. La escasez de recursos empeoró la situación humanitaria en la Franja.
El reporte también denuncia sanción colectiva. Indicó que Israel impactó a toda la población civil. El Comité señaló que estas acciones violan normas internacionales. Afirmó que el efecto humanitario fue extenso y continuado.
ONU denuncia posible abuso y castigo colectivo en Gaza.
El Comité evaluó la adhesión de Israel a la Convención contra la Tortura. La valoración se llevó a cabo el 11 y 12 de diciembre. La acusación de la ONU respecto a Gaza señala acciones repetidas. Incluye ejemplos de abuso en revisiones de seguridad.
El documento detalla agresiones físicas durante las revisiones. Indica que estas circunstancias ocurrieron con regularidad. Asimismo, sostiene que Israel lleva a cabo una política extensa de abusos hacia los detenidos. Esa política habría cobrado mayor intensidad después del 7 de octubre de 2023.
El comité argumenta que estas acciones podrían ser considerados crímenes internacionales. Avisa que las autoridades tienen que indagar. Asimismo, resalta que la comunidad global tiene que intervenir. Enfatiza la urgencia de una protección humanitaria inmediata.
Contexto después del 7 de octubre
Después de los asaltos del 7 de octubre, el conflicto se intensificó. Israel aumentó sus operaciones militares. El Comité opina que las denuncias de tortura han aumentado. La crítica de la ONU sobre Gaza indica un patrón sistemático. Indica que se vieron perjudicados derechos esenciales.
EL PÚBLICO/BDI
