Las víctimas del proceso judicial contra el exmandatario colombiano Álvaro Uribe pidieron este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la ONU y a otras entidades que envíen observadores internacionales para el juicio contra el ex presidente.
«La representación de las víctimas informa que apelará ante la CIDH, al Relator Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, así como a ONG de renombre internacional, para solicitar que envíen observadores internacionales que supervisen el proceso judicial, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y el respeto hacia los jueces y magistrados que la administran», manifestaron las víctimas, lideradas por el senador de izquierda Iván Cepeda.
El jueves anterior inició el juicio contra el exmandatario colombiano por los delitos de soborno, fraude procesal y cohecho en actuación penal.
En este proceso, donde un exmandatario colombiano enfrenta cargos penales por primera vez, la juez Sandra Liliana Heredia deberá determinar si la Fiscalía fundamenta adecuadamente su acusación contra el expresidente o si, por el contrario, como sostiene la defensa, Uribe es inocente de dichas imputaciones.
Las víctimas denunciaron a Uribe y su defensa por una “campaña sistemática de desprestigio y hostigamiento hacia los magistrados y jueces que han trabajado en el proceso” y sostuvieron que “han utilizado diversas maniobras con el fin de lograr la prescripción de la acción penal”.
El asunto Uribe.
El extenso litigio se origina en 2012, cuando Uribe acusó al senador Cepeda de supuesta manipulación de testigos, mientras este último estaba preparando una denuncia contra él por supuestos lazos con el paramilitarismo.
A diferencia de lo anticipado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no investigó al congresista de izquierda y, por el contrario, inició un proceso en contra del exmandatario por manipulación de testigos.
El juicio inició después de que el Tribunal Superior de Bogotá aceptara el martes pasado como pruebas las interceptaciones que la Corte Suprema realizó a Uribe en 2018.
La defensa de Uribe solicitó que no se consideraran esas interceptaciones, propuesta que no tuvo éxito, por lo que pidió posponer el inicio del juicio, lo cual tampoco consiguió.
En agosto de 2020, Uribe renunció a su puesto como senador para perder su fuero y que su caso se traspasara a la Justicia común, y posteriormente la Fiscalía determinó que no había elementos suficientes para procesarlo.
Por esta razón, pidió en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue rechazada tanto por los juzgados de primera instancia involucrados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que el año pasado la Fiscalía optó por acusarlo.
Con Información de EL ARAGUEÑO.
