Cuando la hoja de coca en la Amazonía peruana se pone verde oscura, los indígenas que viven en comunidades regadas sobre la espesa selva del margen colombiano del río Amazonas ya saben lo que se viene. Son tiempos de cosecha.
Eso significa que varios “encargados” peruanos atraviesan el río — que allí, y por 110 kilómetros es la frontera— en lanchas pequeñas para recoger a quienes estén dispuestos a raspar la hoja.
Los llevan por las mismas aguas y luego los acompañan a caminar cuatro o cinco horas, en trochas que van desde poblados como Islandia, Santa Rosa o Bellavista, hasta fincas que combinan hectáreas repletas de cultivos de coca con cocinas en las que “quimiquean”.
“La ley [por las autoridades] peruana sabe que vamos a pasar. Ahí no está el peligro”, dice Víctor*, un indígena colombiano de 47 años que recuerda haber hecho por lo menos cinco viajes desde el 2020.
“El peligro es si usted se pone a hablar con alguien más en esas fincas o se mete a las cocinas, porque todas están cuidadas por hombres armados que lo matan. Lo entierran en el lodo”, añade.
Sin hablar con nadie para regresar, Víctor raspa hojas durante cuatro o cinco días en los que le dan lentejas con yuca para comer y un techo para dormir. Al final, mete las hojas en un costal que pesan los “encargados”.
Pese a estar en suelo peruano, le pagan entre 200 y 300 reales brasileros, porque buena parte de lo producido cruza la cercana frontera con ese país. Si no son billetes, la otra moneda de cambio es la pasta base.
Con Información de El País (US Español).
